Morín defiende la legalidad de todos los abortos de sus clínicas

El médico peruano Carlos Morín ha defendido este martes ante el juez la legalidad de todas las interrupciones de embarazo practicadas en sus clínicas privadas de Barcelona y la profesionalidad del equipo médico imputado, que ha sido acusado por el fiscal de haber practicado más de cien abortos ilegales en 2007.

En el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona, Morín se ha negado a responder a las preguntas de la fiscal y de las acusaciones, y únicamente lo ha hecho a las preguntas de su abogado, en las que ha rechazado haber cometido delitos de aborto: "todas (las interrupciones de embarazo) se hacía en las semanas legales", ha recalcado después en declaraciones a los medios.

Morín ha asegurado que no ha falseado ninguna historial de sus pacientes y que las clínicas contaban con un equipo de psicólogos "con sus propias dependencias" que analizaban la idoneidad de la intervención. Al preguntársele sobre cuánto cobraba a las pacientes por cada aborto, ha respondido que el precio oscilaba entre 2.000 y 2.200 euros en función de las semanas de gestación, cuyo máximo se aplicaba a las 22 semanas.

Sobre la trituradora encontrada en una de sus clínicas, la ha desvinculado de los abortos, asegurando que eran utilizadas para prácticas con pollos después de un convenio con la UAB y la Universidad de Zaragoza: "es muy diferentes hablar de veterinaria que de restos humanos", ha insistido a los medios. También ha declarado este martes por la mañana la mujer de Morín, María Luisa Durán, que al igual que su marido se ha negado a responder a la fiscal y a las acusaciones, atendiendo únicamente a las cuestiones planteadas por su abogado.

"No entraba una señora por la puerta de la clínica y era un aquí te pillo aquí te mato", ha explicado gráficamente para tratar de dejar claro que no condicionaba a las pacientes. Además, ha justificado que se cobraban los abortos en efectivo porque eran "situaciones delicadas" en las que algunas de las pacientes no querían dejar rastro de las intervenciones por motivos familiares.

Falsificaciones

Las declaraciones de los imputados contrastan con la posición de las acusaciones que defienden que en el 96% de los casos se acogían a la excepción legal de interrumpir el embarazo "por riesgo psicológico de la madre", pese a que, según ellos, nunca eran visitadas por psicólogos y les hacían firmar documentos en blanco con datos falseados para simular que el feto no sobrepasaba las 22 semanas permitidas por la entonces ley vigente.

Antes de la declaraciones de Morín y su mujer -los próximos días lo harán otros nueve colaboradores-, el juez ha resuelto cuestiones previas en las que ha vuelto a invalidar como prueba el reportaje de cámara oculta de una televisión danesa que destapó el caso, aunque no por ello ha paralizado el juicio como pedía la defensa. Además, el juez ha decidido que el centenar de pacientes que declararán lo harán como testigos "especiales" y les dará la posibilidad de no responder a las preguntas que no quieran, ya que lo contrario podría llevar a cambiar su condición como imputadas.

Rechazada la grabación con cámara oculta

El juez ha rechazado como prueba contra el doctor Carlos Morín y sus colaboradores acusados de más de un centenar de abortos ilegales la reproducción de la grabación del reportaje en cámara oculta de la televisión danesa que destapó el caso y la declaración de los periodistas que lo realizaron.

El juez de la Audiencia de Barcelona ha respondido así a los argumentos de las defensas de Morín y sus colaboradores que pidieron la nulidad del juicio por considerar que la investigación partía de este reportaje que consideraron una prueba ilícita por haber sido grabado con cámara oculta.

Sin embargo, el magistrado, pese volver a rechazar esta prueba, ha insistido en que ello no impedirá que continúe el juicio, en el que este martes se prevé la declaración de Morín, para el que el fiscal pide más de 300 años de prisión.