La nueva Ley de Costas salvará de la demolición a 10.000 viviendas y 3.000 chiringuitos

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, que a partir de ahora inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Saénz de Santamaría ha destacado que la norma dará "seguridad jurídica" a ciudadanos y empresas y "reforzará la protección ambiental" de la costa, al tiempo que se evitarán "situaciones irreversibles".

Por todo ello, ha insistido en que se trata de "un cambio normativo muy importante".

Así, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988.

En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.

De este modo, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" que ha permitido, según Medio Ambiente, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares.

Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo".

Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplicar criterios técnicos para deslindar la costa, según Medio Ambiente.

La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá "un nivel de protección mayor" al vigente.