El Gobierno aprueba el plan contra el fraude fiscal y limita el pago en efectivo a 2.500 euros

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes el Plan Nacional e Integral de Turismo y el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal.

El Consejo de Ministros ya aprobó en abril un informe sobre el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal hace un par de meses y ahora lo vuelve a poner sobre la mesa para su remisión a las Cortes.

Las medidas, que por tanto ya se conocían en su mayoría, buscan atacar a los "nichos clave de fraude fiscal, aquellos sectores en las que se detecta mayor incumplimiento", ha explicado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Además, el plan refuerza la seguridad jurídica de la Agencia Tributaria para evitar que el defraudador "se vaya de rositas", ha insistido.

Entre las medidas 'estrella' de este anteproyecto se encuentra la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos. Están eximidas de este requisito las compra-ventas en metálico entre dos particulares.

Este límite no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará hasta los 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes, para favorecer la llegada de turistas.

Quienes incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.

Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

Los intervinientes en estas operaciones en las que participe un empresario o profesional deberán conservar los justificantes de pago durante cinco años para acreditar ante la Agencia Tributaria que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo.

Más persecución al delincuente fiscal

Otra de las medidas del anteproyecto establece que las deudas fiscales relacionadas con cuentas en el extranjero no prescribirán, por lo que la Agencia Tributaria podrá liquidarlas independientemente de cuando sean detectadas. Las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo entre los no prescritos. La sanción será de un mínimo de 10.000 euros, cantidad que se incrementará en 5.000 euros por cada activo no comunicado que se descubra.

Además la Agencia Tributaria podrá tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar. Se podrán hacer embargos preventivos, explicó la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Gobierno ha justificado esta medida en que en muchas deudas tributarias que están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección de la Agencia Tributaria el deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales tortuosos.

Para evitar esta situación, Hacienda legislará para evitar la situación de insolvencia de los deudores con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda, con lo que se abre la posibilidad de perseguir y liquidar la deuda, las sanciones correspondientes y los intereses generados "en cualquier momento en el que fuera detectada".

La vicepresidenta ha anunciado que también se reforzarán los convenios con Luxemburgo, Andorra o Suiza para compartir información y evitar la evasión de capitales.

Plan Nacional e Integral de turismo

"El turismo se va a convertir en política de Estado", ha defendido la vicepresidenta en el anuncio del Plan Nacional e Integral de Turismo, que se concibe como un "plan de acción, una estrategia para ganar competitividad y rentabilidad" y contempla un conjunto de "medidas de acción". "No es un plan de ideas, para meter en el cajón, es un plan de medidas ejecutable. Medidas que van a tener un calendario y que se podrán medir de manera pública", en palabras de la secretaria de Turismo, Isabel Borrego.

El Plan busca incidir en todos aquellos aspectos que afectan negativamente a la competitividad como destino turístico pero también potenciar aquellos otros que como la incorporación de la innovación, la atracción de talento o el apoyo a jóvenes empresarios emprendedores, son básicos para nuestro futuro como país y para nuestro liderazgo turístico a nivel mundial.

El reto fundamental es crear las condiciones necesarias para un crecimiento rápido y sostenido de la productividad turística, tanto empresarial como en los destinos. En definitiva en transformar España en un destino altamente competitivo, que asegure nuestro liderazgo turístico y permita a los agentes económicos que intervienen recuperar la rentabilidad perdida como elemento que propicie la inversión y la creación de empleo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presidido la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, antes de viajar a Roma, donde participará en una reunión con el presidente de la República Francesa, con la canciller de la República Federal de Alemania y con el presidente del Consejo de Ministros de Italia.

"Colocarnos en los mayores estándares de calidad del turismo en un momento tan competitivo", ha explicado Sáenz de Santamaría.