El exconsejero de Empleo niega ser el ideólogo de los ERE en Andalucía

El exconsejero andaluz de Empleo y Desarrollo Tecnológico y diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera, ha negado ser "el ideólogo" de los ERE falsos y ha responsabilizado a su subordinado, el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, de las ayudas que investiga la Justicia. Niega además haber conocido cualquier "irregularidad o inmoralidad" durante sus cuatro años de mandato y ha delegado en "la estructura" de su Consejería y en sus subordinados la concesión y el control de las ayudas por valor de cientos de millones de euros que repartió su departamento y que investiga la juez Mercedes Alaya.

En su comparecencia ante la comisión de investigación sobre los ERE, también ha aludido a la política de concertación social del PSOE como la impulsora de estas ayudas que, en su opinión, contaron con el visto bueno del Parlamento, la Intervención de la Junta y la Cámara de Cuentas y "nunca" recibieron ninguna advertencia de ilegalidad. "Los consejeros son políticos, no hacen decretos ni leyes, nos apoyamos en los técnicos y en la asesoría jurídica", ha espetado Viera, quien ha sostenido que los ERE no se aprobaron en "un lugar oculto o secreto", sino en el Parlamento. "No es una cuestión de si estaba José Antonio Viera o no; es una cuestión de un partido que se presentaba a las elecciones con un programa que incluía la concertación social", ha señalado.

La concesión y el seguimiento de estas ayudas no se debatía en el Consejo de Gobierno, según Viera, quien ha asegurado que ni siquiera las comentó con otros consejeros pues "el día a día" lo llevaban viceconsejeros y directores generales. Viera ha querido "dejar meridianamente claro" que los fondos de los ERE y ayudas a empresas "son tan legales como los utilizados en Educación, en Salud o en Servicios Sociales; ni más, ni menos". "Digo con claridad meridiana que no hay ERE irregulares; el ERE es un instrumento de nuestra legislación laboral", ha apostillado. Ha indicado que nunca recibió "ni por escrito ni verbalmente ninguna recomendación" sobre ilegalidades y sólo ha admitido la posibilidad de "algunas irregularidades administrativas".