Chile da el primer paso para que Fujimori sea juzgado en Perú por malversación

En una resolución de primera instancia, la jueza de la Corte Suprema chilena María Eugenia Sandoval aprueba "la petición de extradición solicitada por el Gobierno del Perú por el delito contra la administración pública-peculado denominado caso Diarios Chicha".

El Gobierno peruano considera que Fujimori supo que las autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y del Sistema de Defensa Nacional desviaron fondos económicos asignados por el Tesoro Público por un monto aproximado de 122 millones de soles (unos 46,9 millones de dólares al cambio actual).

Ese dinero supuestamente sirvió para refinanciar su campaña de reelección presidencial para el período de 2000 a 2005, y con ese fin se habrían manejado los medios de prensa escrita denominados 'Diarios Chicha'.

Las autoridades peruanas creen que Fujimori estuvo al tanto de esta operación en su calidad de presidente (1990-2000), jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y director del Sistema de Defensa Nacional.

Este fallo, firmado el pasado 14 de septiembre, debe ser revisado por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile, que tiene la última palabra. Esa revisión es obligatoria y para ello no es necesario que la defensa de Fujimori apele la decisión de la jueza Sandoval.

En esa misma resolución, la jueza rechaza la petición de extradición por otro delito contra la administración pública-colusión desleal por encontrarse prescrita la acción penal. Este caso se refiere a la realización del overhaul (reconstrucción) de maquinaria china sin informes técnicos previos.

Estos requerimientos judiciales se explican porque, según las normas que rigen los procesos de extradición, Fujimori no puede ser juzgado por delitos distintos a los establecidos en cada solicitud, por lo que para poder hacerlo la Justicia peruana debe hacer una nueva petición.

Tras renunciar a la Presidencia del Perú, Fujimori residió cinco años en Japón y en noviembre de 2005 llegó de forma inesperada a Chile, donde permaneció dos años.

A solicitud de la Justicia de su país, Chile lo extraditó en 2007 para que fuera juzgado por dos casos de violaciones a los derechos humanos, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales fue condenado en 2007 a 25 años de prisión.