Alberto Ruiz Gallardón y Cristobal Montoro

Alberto Ruiz Gallardón y Cristobal Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que las medidas que el Gobierno llevará a cabo para corregir el déficit público en España, para rebajarlo del 5,8% al 5,3% que ha pedido Europa, afectarán sobre todo al presupuesto de la Administración General del Estado para 2012, y no al de las administraciones regionales. "¿Es una renuncia? Depende"", ha dicho, añadiendo que la idea es "adelantar el ajuste de gasto del Estado" que iba a hacerse en 2013 a este año. "Nos conviene eliminar el déficit público, porque necesitamos financiar el crecimiento económico", ha explicado el ministro, que ha defendido también desde la tribuna de oradores el techo de gasto de 118.565 millones de euros para los PGE. El ministro ha asegurado que el hecho de que la Administración central vaya a asumir la mayor parte de los 5.000 millones adicionales de déficit "no significa flexibilizar" los objetivos de las autonomías, que quedarán "comprometidas para el ejercicio siguiente"; el objetivo "irrenunciable", ha recordado, es el de alcanzar el máximo déficit público del 3% del PIB en 2013 para el conjunto de las administraciones públicas.

Limitar el crecimiento del gasto

Montoro también ha aseverado que el Gobierno limitará en los Presupuestos Generales "el crecimiento del gasto" y ha descartado que vaya a haber "subidas de impuestos que sean injustas, inequitativas", aunque sí ha dicho que el Ejecutivo hará "uso de instrumentos fiscales", pero "de una manera justa y ponderada socialmente", de manera que no afecten sobre todo "a los más débiles". Asimismo, ha dicho que la desviación del déficit que se produjo a finales de 2011, "ha hecho mucho daño" a nuestro país. "Los mismos responsables políticos que provocaron esa desviación ahora advierten sobre las consecuencias del ajuste. ¿Para qué? ¿Pretenden dar miedo a la sociedad española? Lo que da miedo son los cinco millones de parados y el déficit del 8,5%", ha dicho. Montoro ha garantizado el "compromiso" del Gobierno con la consolidación fiscal, la estabilidad presupuestaria y la "austeridad" real mediante unas previsiones de déficit "realistas" para una "coyuntura económica "muy difícil", lo que permitirá al país acceder a la financiación de los mercados internacionales y, así, "recuperar la creación de empleo". Además, estas medidas y las reformas estructurales que está llevando a cabo el Ejecutivo permitirán, según Montoro, acabar con el déficit estructural, lo que hará que los servicios públicos "estén asegurados" porque no dependerán del ciclo económico sino que su financiación quedará asegurada por los ingresos corrientes. Por todo ello, el ministro "celebra" que la Unión Europea haya "superado" los objetivos de déficit.

PSOE: "Imposición de Bruselas"

La fijación de posiciones de los grupos parlamentarios comenzó con el PSOE. El diputado Joan Rangel, del PSOE, tildó de "imposición" la reducción del déficit con un ajuste adicional de 5.000 millones recomendada por Bruselas. "Estamos ante un escenario dantesco que pone de relevancia la falta de plan serio y solvente del Gobierno", dijo respondiendo a Montoro. Rangel se quejó del procedimiento de aprobar un objetivo de déficit que ha sido corregido por Bruselas y denunció la falta de información sobre las intenciones del Gobierno para cumplirlo, lo que considera un "apagón estadístico" voluntario. "Eso del apagón estadístico ha sido formidable, sensacional", se burló después Montoro, insistiendo en que los socialistas estaban gobernando hasta diciembre. "¿Dónde están los responsables?", se preguntó, recordando que por ejemplo el actual portavoz de Economía del Grupo Socialista, Valeriano Gómez, era el ministro de Trabajo que, en su opinión, no supo regular las relaciones laborales. El socialista preguntó directamente al ministro si el Gobierno va a subir los impuestos y advirtió de que con las reformas "casi un cuarto de millón de trabajadores públicos puede irse a la calle", anunciando que su voto el techo de gasto será negativo para no suponer "un cheque en blanco". "No habrá subidas de impuestos injustos como fue la subida del IVA en 2010", le conterstó en su réplica Montoro. Rangel dijo que los socialistas quieren comprometerse "con un Gobierno serio que haga las cosas bien" y ha acusado a Montoro de haber pronunciado un "discurso retórico, vacío de contenido". Montoro, por su parte, les pidió "propuestas concretas"; "Ustedes están en una posición obstruccionista", finalizó.

Abstención de CiU

El diputado Josep Sánchez Llibre, de CIU, explicó durante su turno que su grupo siempre ha mantenido "una posición muy rigurosa" en cuanto al déficit y que es necesario ser "implacable" en este sentido, pero que las comunidades tienen menos margen de maniobra que el Estado y no ven justo atribuir "toda la responsabilidad" de la desviación a las mismas. Sánchez Llibre anunció, además, que se abstendrían en la votación y que su postura tiene un carácter "constructivo y europeísta". Por su parte, Cayo Lara, líder de Izquierda Unida, comenzó su intervención asegurando que el techo de gasto propuesto por el Gobierno supone, en primer lugar, "un deterioro de los servicios públicos"; "la continuidad en la política de recortes  no ha limitado los excesos de los mercados", añadió. Por otro lado, y anunciado que IU no iba a votar favorablemente el techo de gasto ni el objetivo de déficit, Lara dijo que España no podrá cumplir el déficit que Europa ha recomendado. "No es tiempo de pancartas, es tiempo de compromisos", le contestó Montoro. Después, intervino Álvaro Anchuelo, de UPyD, que explicó que en cuanto a la reducción del déficit público, el Gobierno podía contar con su apoyo de nuestro grupo parlamentario, "nos felicitamos de que se haya subido el techo de déficit, aunque el nuevo objetivo va a ser difícil de alcanzar". No obstante, dijo que les parece "poco serio" el cambio de cifras de 5,8% de déficit a 5,3% "sobre la marcha". Así, anunció su abstención: "Nuestra intención es apoyar al Gobierno, pero nos lo ponen muy difícil cuando cambian las cifras sobre la marcha y hacen recaer el esfuerzo sobre el Estado". Lo mismo hizo minutos después Pedro María Azpiazu, del PNV, explicando que estaban participando en un "debate a ciegas, porque carecemos de información suficiente. Posiblemente nulo e inválido, porque la UE ha modificado las cifras de déficit".