La fatiga

Hace algunas semanas, osábamos decir aquí que, aparte del económico, España tenía un problema constitucional, que afectaba tanto a su organización territorial como a la configuración de sus instituciones. A la definición de las lindes de lo español, por un lado, y por otro a la relación entre los españoles como ciudadanos y las estructuras instituidas legalmente para ejercer en su representación el poder del estado, garantizar el legítimo ejercicio de los derechos y exigir las responsabilidades individuales y públicas.

Al escribir esto, no tenía el autor la sensación de encarnar una línea de pensamiento excesivamente arraigada entre nosotros. Para algunos, hay cosas que son intocables, y una de esas cosas, en la práctica, es la Constitución de 1978, que muchos reconocen con la boca pequeña que habría que ajustar pero que, obligaciones y urgencias aparte (como el voto de extranjeros en las municipales o la limitación del déficit impuesta por Merkel hace un año para sostenernos), no se enmienda ni para corregir absurdos tan clamorosos como la preferencia del varón en la sucesión al trono. Nadie quiere que por tocar una línea alguien cuestione el párrafo, el artículo o el título entero. Pero ese inmovilismo un poco neurótico no es sino una prueba más de que algo ya se ha movido. Nadie está seguro de que aspectos tan cruciales como la forma de estado (ni siquiera ése) sean pacíficos hoy.

Otros sustituyen el inmovilismo por la depresión o el fatalismo. Nada funciona, la que nos está cayendo es descomunal, para qué plantearse aventuras complicadas que vienen a embrollarlo todo más en momentos en que ya bastantes problemas tenemos. Es, en una de sus versiones más recientes, el discurso rajoyano de la algarabía.

Pero negar los problemas nunca los resolvió. La realidad es tozuda y al control de la ‘misión España’ cada vez más astronautas empiezan a mandarle mensajes inequívocos de alarma. Uno lo envió el domingo pasado César Molinas con un completo, meditado, y bien escrito y razonado artículo que, pudiendo ser discutible en sus conclusiones y en algunos de sus planteamientos, tiene la virtud de la claridad, la sencillez y la coherencia. Su difusión ha sido espectacular, como si hubiera acertado a poner en negro sobre blanco el runrún que estaba ahí, sin que nadie lo enunciara.

Según la teoría expuesta por Molinas (con una larga trayectoria tanto en la administración como en el sector privado), el poder político se ha organizado en España de forma que no contribuye a su prosperidad, ni a crearla ni a recobrarla cuando se pierde (como es el caso ahora), sino que se limita a cabalgarla y drenarla en beneficio propio cuando la hay, y a caer en la parálisis cuando pintan bastos, aplazando sistemáticamente las reformas estructurales necesarias y especulando en el corto plazo de elección en elección (y no hay año que no tengamos alguna).

Habría que añadir que ese fracaso de los políticos presupone otro, el de la ciudadanía y sus medios de expresión y presión sobre el poder desviado o incompetente. Cada país, al final, tiene la gobernación que se merece, y la lectura de este artículo como la cómoda asignación de culpas a un subconjunto vil de la población no pasaría de ser una simpleza. En la regeneración de la clase política española, además del improbable examen de conciencia de quienes la forman, se necesita la acaso aún más improbable articulación de la sociedad civil española para propiciar un sentido de responsabilidad común del que siempre anduvimos cortos, y que tan fácil ha puesto a políticos falaces o ineptos seguir en sus puestos.

 Y por si esto, el desafecto ya imparable hacia quienes nos gobiernan, no fuera bastante, el pasado 11 de septiembre cientos de miles de catalanes escenificaron en las calles de Barcelona el fracaso último y palmario del estado de las autonomías. 

Creado para contentarlos, lo que ha conseguido, a la vuelta de 34 años y unos cuantos errores (el penúltimo, el desprecio en Madrid al Estatut aprobado por su parlamento), es que, ya sean una mayoría o una minoría aún insuficiente, haya más descontentos que nunca en Cataluña por pertenecer a España, o a esa entelequia antipática, burocrática y reduccionista que no por azar es moneda corriente en el discurso oficial catalán: el estado español.

Artur Mas hablaba ayer de fatiga. Cataluña fatigada de pertenecer a España y no tener el reconocimiento y el margen de maniobra que siente que merece. España fatigada de tener a Cataluña siempre reclamando agravios y presentando facturas al cobro. No deja de tener un fondo de razón, pero esto, como la conveniencia o inconveniencia de la situación planteada, es lo de menos. El hecho está ahí. Esto no funciona, y mientras seguimos sin hacer nada y negándonos a aceptar que esté pasando algo, todo resbala hacia un grado creciente de descomposición.

No es fácil repensar el modelo territorial de lo que hoy es España. No es fácil, pese a la frivolidad con que algún nacionalista catalán lo plantea, crear una Cataluña desligada de España, en la que tiene mucho más que una inserción geográfica (también tiene profundos vínculos demográficos, sociales, económicos y de dependencia energética, por citar sólo unos cuantos). Para empezar, tendría que arrancar fuera del euro (posiblemente sacaría también a lo que quedara de España), lo que arrojaría por la borda los duros esfuerzos de estos años y expondría severamente a ese hipotético nuevo estado. Habría que asignar deuda, inversiones, población. Causa hilaridad ver que algunos catalanes se manifestaban el pasado martes, o así lo declaraban, para dejar de pagar peajes en las autopistas. Más probable parece que los peajes, y el precio de otros muchos servicios públicos, comenzaran subiendo en la Cataluña independiente.

Pero desde Madrid no se puede oponer todo esto para seguir sin hacer nada. Lo de Cataluña lleva 300 años mal encajado. De un modo u otro, ha contribuido a alimentar cuatro guerras civiles (se suele olvidar que el más contumaz de los generales carlistas fue Cabrera, un catalán de Tortosa). Por no hablar de la terrible conflictividad de la sociedad catalana en otras épocas (hoy, felizmente superada), en la que la burguesía local tan pronto llamaba en su auxilio a los represores a las órdenes del estado centralista, que se empleaban a fondo contra una clase obrera catalana en su mayoría de origen inmigrante, como cultivaba, sobre las estampas de la represión, la demonización de Madrid, que de ser una simple ciudad, con todos sus contrastes, pasó a convertirse en una uniforme pestilencia.

¿Cuál es la solución? Hoy proponía alguien una Federación Española de cuatro grandes estados: Castilla, Galicia, Euskadi y Cataluña, que sin perjuicio de la descentralización que pudiera haber dentro de Castilla, acabara con el fallido engendro del ‘café para todos’ y devolviera a los catalanes el sentido de su singularidad sin empujarlos a la ruptura. Quizá tenga más sentido de lo que parece a primera vista. La fórmula se asienta en la lengua y en la Historia, soportes discutibles como todos, pero funcionales (a la vista está). Aunque quizá, para estar completa y ser enteramente congruente con el criterio adoptado, debería contemplar esa España federal un quinto estado, bilingüe, que sería Aragón. Un estado federado tan histórico como Castilla y que actuaría, a nadie se le escapa, como posible contrapeso de una Cataluña que seguramente no vería con muy buenos ojos la agrupación de aragoneses, valencianos y baleares. Pero si viniera refrendada por la voluntad mayoritaria de éstos (nada partidarios, por obvios motivos, de ser comparsas en ese idílico proyecto nacionalista de los països catalans), tendría que aceptarla por coherencia con lo que para ella misma exige. Y por mencionar otro detallito escabroso, ¿qué se hace con Navarra?

En fin, ahí es nada. Fácil es imaginar las reacciones airadas que puede provocar la simple exposición de una solución así. Pero eso no quiere decir que no haya que pensar en ella, o en alguna otra, que no parece que sea, desde luego, la que hasta aquí tuvimos.